En relación al Certificado Covid desde LiVerdad informamos:
1.-El 27 de Diciembre de 2021 aparece el suplemento del BOPA en el que se publica el acuerdo del Consejo de Gobierno sobre requerimiento de certificado COVID-19.
https://sede.asturias.es/bopa/2021/12/27/20211227Su1.pdf

2.-En dicho acuerdo se estipula que «Los titulares o responsables de establecimientos, actividades o espectáculos o eventos deberán requerir para la participación o el acceso a los mismos el certificado COVID digital» a mayores de 12 años.

3.-No se estipula que la clientela tenga la obligación de enseñar dicho certificado.

4.-Igualmente no se especifica que en caso de no ser enseñado se deba de realizar algún tipo de acción por los titulares o responsables de establecimientos…

Por lo que denunciamos públicamente:
Qué lo contrario sería una vulneración grave de la legislación vigente y de los derechos humanos. Ya que no es posible redactar leyes que discriminen a parte de la ciudadanía, como lo sería si se impidiera el acceso a los establecimientos o locales sin portar un Certificado Covid digital. Puesto que las condiciones para obtener este certificado implican la superación de motivos personales como pueden ser razones de salud que contraindiquen la vacunación contra la Covid-19 o simplemente una valoración o decisión personal tal y como ha señalado en un comunicado la Agencia Española de Protección de Datos indicando que la vacunación en España no es obligatoria
https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/aepd-requiere-varias-ccaa-informacion-certificado-vacunacion

Así la Constitución Española establece en el artículo 9.2 «Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.»

Estableciéndose la imposibilidad de ser discriminado en el artículo 14 «Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.»

La Agencia Española de Protección de Datos también ha emitido un comunicado indicando las condiciones en las que los datos de salud pueden ser tratados
https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/aepd-apps-webs-autoevaluacion-coronavirus-privacidad
textualmente indicando «Si los ciudadanos utilizan aplicaciones o webs de las que no son titulares las autoridades públicas, sino que son ofrecidos por entidades o personas privadas, no existirá la legitimidad que se ha indicado anteriormente para el tratamiento de los datos. En este sentido, es importante recomendar a los ciudadanos que sean especialmente cuidadosos a la hora de informarse de quién, para qué y con qué garantías van a tratarse sus datos personales.»
Para obtener más información sobre quien puede tener licitud sobre el tratamiento de los datos lease la respuesta del Gabinete Jurídico de la AEPD.
https://www.aepd.es/es/documento/2020-0017.pdf

Por lo mostrado estamos asistiendo a un acto por parte del Gobierno del Principado de Asturias en el que se está incitando a través de los medios de comunicación a vulnerar la legislación vigente sin que el propio acuerdo publicado establezca una violación de la norma. Ya que sería recurrible judicialmente la abolición de la misma.

Los hechos que denunciamos tienen carácter grave, puesto que en caso de impedirse el acceso a un local por no portar el Certificado Covid digital se está incurriendo en un delito de odio contemplado en el artículo 510 del Código Penal.

Recordamos que en el Decreto 100/2006, de 6 de septiembre, por el que se regula el derecho de admisión en Asturias
https://sede.asturias.es/bopa/disposiciones/repositorio/LEGISLACION11/66/6/001U002IPE0002.pdf
se establece que no es posible discriminar el acceso a los locales y que la citada ley solo es referida a la hostelería y los espectáculos, no existiendo el derecho de admisión en otro tipo de locales.

Textualmente el Artículo 11 dice…
Prohibiciones.
A los efectos del presente decreto, queda expresamente prohibido establecer las siguientes condiciones específicas de admisión:

a) Las que puedan suponer discriminación o trato desigual de acceso al establecimiento, local o instalación en función del sexo, nacionalidad, raza, religión, convicciones o condición social de los asistentes.
(…)
e) Y en general, cualquier otra condición específica que no haya sido visada y autorizada previamente por la Consejería competente en materia de seguridad pública.

Es decir, las condiciones de acceso deben de estar expuestas mediante cartelería en la puerta de los establecimientos y deben de contener el sello de la Consejería competente en materia de seguridad pública. No es posible una regulación arbitraria del derecho de admisión en la puerta de los locales.

Las personas que libremente decidan mostrar su Certificado Covid digital deberán ser tratadas igual que las que decidan no mostrarlo. No pudiendo someterse la lectura del certificado mediante escáneres digitales y no pudiéndose anotar los datos por ningún medio tal y como señala el artículo 9 del Reglamento (UE) 2016/679 sobre protección de datos. El cual restringe el tratamiento de categorías especiales de datos personales como los relativos a datos de salud, salvo que exista un consentimiento informado explícito del interesado o existan razones de salud pública, circunstancia no dada en el caso de empresas de carácter no sanitario que deben de limitar su actuación a lo desarrollado en las normas, prescindiendo al máximo posible del tratamiento de datos de salud de acuerdo con los principios de pseudonimización y minimización del tiempo de tratamiento.
Ni mucho menos los responsables de los establecimientos pueden solicitar el DNI, NIE o pasaporte para verificar ningún tipo de dato, puesto que ni es su competencia ni se lo atribuye normativa alguna.
La normativa de protección de datos deja claro que no podrá realizarse un tratamiento por parte de empresas comerciales sin un consentimiento informado tal y como se señala en los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales a instancia del Reglamento (UE) 2016/679.
La misma Ley Orgánica 3/2018 en su artículo 8 regula el «Tratamiento de datos por obligación legal, interés público o ejercicio de poderes públicos» señalando que «El tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una obligación legal exigible al responsable, en los términos previstos en el artículo 6.1.c) del Reglamento (UE) 2016/679, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una norma con rango de ley, que podrá determinar las condiciones generales del tratamiento y los tipos de datos objeto del mismo así como las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal.»

Y aquí encontramos el porqué el BOPA no puede regular el tratamiento, ni dice nada al respecto del tratamiento de los datos, porque un «Acuerdo del Consejo de Gobierno» publicado por la Consejería de Salud del Principado de Asturias no es ni una norma con rango de ley ni mucho menos un reglamento de la UE.

Por lo que finalmente resaltamos que:
-No es posible legalmente negar la entrada a establecimientos o locales por no presentarse ningún tipo de certificado.
-No debe de realizarse una lectura digital o registro de control analógico de las personas que lo presenten o no lo presenten.
-El Certificado Covid Digital aplicado a locales comerciales no tiene por misión directa proteger la salud pública.

Sus misiones son:
-Favorecer las terapias génicas contra la Covid-19 a instancia de la industria farmacéutica.
-Acostumbrar progresivamente a la población al tratamiento de sus datos personales a través de un teléfono móvil para el control de sus actividades sociales.
-Favorecer el pago directo de productos o servicios a través del teléfono móvil a instancia de Google y Apple con la complicidad de la banca mundial (varios artículos de medios de comunicación relatan que el certificado debe de incluirse como un medio de pago de Google Pay para favorecer su lectura digital).
-Perjudicar a la hostelería así como a la pequeña y mediana empresa que realiza fisicamente ventas o actividades directas en vez de utilizar canales digitales a través de Internet.

En definitiva el Certificado Covid digital ha venido para introducirnos progresivamente al control global de la población y favorecer a las grandes multinacionales, en cumplimiento de las bases del «Gran Reseteo» establecidas en el Foro Económico Mundial celebrado en Davos en el año 2016 que plantean una economía planificada para favorecer a las grandes empresas integrantes del foro, perjudicar a las pequeñas economías de venta directa y establecer las diferencias entre ricos y pobres, ensalzando la diferencia entre la élite dominante y la sumisión del pueblo que debe promulgarse por medio de la clase política con la complicidad del mensaje de los grandes medios de comunicación.

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